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Compliance En Entidades Aseguradoras

agosto 2, 2023

Todos ellos, previstos en el artículo 31 bis del Código Penal como delitos que pueden generar la responsabilidad penal en la gente jurídicas. Exactamente, hoy en dia, a través de la implementación de los Modelos de Prevención de Delitos, conocidos asimismo como Modelos de Cumplimiento Normativo o Criminal Compliance, las empresas que trabajan en este sector tienen la posibilidad de, no solo prevenir la concreción o materialización del riesgo de cometer ilícitos penales, sino también amortiguar las severas sanciones que el derecho penal reserva para aquellas entidades que en el contexto de su organización cometen estas formas de proceder delictivas.

Bascones recuerda que “en el momento en que la entidad cuente con una estructura organizativa acorde a la compañía en el Sistema de Gobierno de la misma y se hayan elaborado y actualizado las primordiales políticas en temas de cumplimiento, entre ella el Código de Conducta y el procedimiento de Denuncia de empleados, el siguiente paso es definir el mapa de peligro de cumplimiento como base para llevar a cabo un buen plan de forma anual de cumplimiento normativo”. «Es una función que va a velar por el cumplimiento en un campo con una normativa poco a poco más exigente y en un ambiente normativo cada vez más complejo con normas transversales que hacen que la función de cumplimiento sea un mecanismo defensivo frente al aumento de la actividad sancionadora y de protección de la marca y reputación de la entidad y del Consejo de Administración”. Fué una palanca para llevar a cabo una cultura de cumplimiento fundamentada en la creación de un programa de cumplimiento que debe tener una función independiente que cumpla unos requisitos de aptitud y honorabilidad que van a ser comunicados a la Dirección General de Seguros”. Bascones destaca que “este es un sector regulado donde se ha venido haciendo cumplimiento normativo a lo largo de muchos años, en nuestro campo no se ha pasado como en otros ámbitos de la recomendación a la obligación, de los sacrificios voluntarios en temas de cumplimiento a los sacrificios obligatorios tras la regulación de la función, aunque con nombre y apellido se haya implantado para ciertas entidades a partir de este instante”.

Esta última reforma prevé en el producto 31 bis del Código Penal un estatuto jurídico para la responsabilidad penal de la gente jurídicas, y aunque su finalidad es la creación de una cultura empresarial en materia precautoria, su implementación y cumplimiento por las empresas puede ofrecer lugar a eximentes y mitigantes a dicha responsabilidad, cuestión que en el ámbito asegurador tiene una particular importancia. La incorporación a nuestro Sistema legal de la responsabilidad penal de la gente jurídicas por medio de la LO 5/2010, de 22 de junio, con ocasión de reforma del Código Penal anterior, ahora supuso una modificación totalmente novedosa y trascendental, pues hasta ese momento regía el principio de que las personas jurídicas no podían delinquir. Si bien, la configuración de un auténtico estatuto jurídico de responsabilidad penal, no existe hasta la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, la que impacta con gran fuerza en todo el ámbito empresarial, y de manera especial, en el ámbito asegurador. El despacho se ocuparía de hacer, implementar y supervisar las políticas, protocolos y códigos eficaces y adecuados, necesarios dentro de la persona jurídica, para lograr eximirse o atenuar esa futura responsabilidad penal, y por otra parte dar la seguridad resarcitoria, en términos monetarios de la póliza de responsabilidad civil.

Desde el 2014 al lado de un equipo de dos personas que integran el departamento de cumplimiento normativo, se han encargado de arrancar en Seguros RGA el modelo de cumplimiento normativo de esta empresa aseguradora. La trayectoria de Elena Bascones está muy relacionada con el planeta del cumplimiento, antes de llegar al sector asegurador procedía del sector inmobiliario y de una entidad cotizada y por consiguiente asimismo regulada. En lo que se refiere al papel de ese «Compliance Officer», Elena Bascones resalta que no hay un único perfil profesional, es una función donde se necesitan profesionales que, independientemente de su perfil académico y su desarrollo profesional, tengan una buena formación en materia de Compliance y en este aspecto asociaciones de profesionales del cumplimiento Normativo, como Cumplen tienen un papel fundamental. En opinión de Bascones, “es indispensable contar con órganos de administración formados en materia de cumplimiento y que se involucren en la toma de resoluciones”.

Sistemas Para La Gestión Del Cumplimiento Normativo En Seguros

Este marco normativo incluye la parte legal y normativa, las políticas y reglas internas de la compañía, las condiciones de contratación con distribuidores, agentes externos y clientes del servicio, los códigos éticos y de valores empresariales, etcétera. En la actualidad se hace palpable la necesidad tanto jurídica como popular de llevar a cabo un Modelo de Prevención de Delitos en las empresas, que evite o en su caso, amortigüe la materialización de los hipotéticos peligros penales a los que están expuestas las compañías que operan en el mercado de seguros y que fomente una cultura corporativa que incite las formas de proceder morales y de responsabilidad con el cumplimiento de la Ley.

compliance en entidades aseguradoras

“Tener una función de cumplimiento y tener definida una política de cumplimiento normativo es obligatoria en el ámbito asegurador desde el 2016 por la normativa de Solvencia II.” De este modo explica Elena Bascones, responsable de cumplimiento de Seguros RGA y vicepresidenta de CUMPLEN, como están las cosas en este ámbito. Por estos motivos, en la función de cumplimiento normativo, debe ponerse el foco en la revisión de forma activa de los programas de cumplimiento, para comenzar a alinearse con los avances en tecnología y el nuevo ámbito en temas de ciberseguridad, intimidad y sostenibilidad.

De todo ello se dilucida la necesidad de llevar a cabo un Modelo de Prevención de Delitos en aras, por el momento no sólo de hacer una cultura empresarial social en esta materia y conseguir el reconocimiento de los valores empresariales frente a la sociedad, sino de adecuar su actividad a la legalidad y evitar, lógicamente, la imposición de sanciones, que siempre es más costoso. “Nuestro objetivo en Seguros RGA, es determinar planes de cumplimento anuales que recojan adecuadamente las prioridades de nuestra compañía, identificando los peligros en los que se concentra el mayor encontronazo para la entidad, por ello es esencial entender las prioridades del supervisor y el entorno normativo y de este modo lo entiende el Consejo y el órgano de Cumplimiento de Seguros RGA”, comenta. Otro aspecto clave para las compañías de seguros es la implantación de la función es el llamado principio de proporcionalidad, el que va a aceptar tener estructuras organizativas correctas, políticas eficaces y programas efectivos diseñados a las necesidades de cada entidad. Asimismo, el ámbito asegurador está comprendido por distintas entidades, que ejercen sus ocupaciones de manera independiente o enlazada, y que están sometidas a su legislación.

Corporate Compliance En El Campo Asegurador

En un sector tan regulado como el asegurador, una incidencia tributaria, administrativa o penal tiene la posibilidad de tener graves consecuencias económicas, legales y reputacionales. Además de esto, desde la aprobación de la Directiva Solvencia II, las aseguradoras tienen la obligación de implementar un sistema de gobierno corporativo que garantice un mayor control de adentro, gestión de los riesgos y cumplimiento normativo. Estas noticias normativas suponen un cambio en el pensamiento en la administración de las compañías, pues recurren a la necesidad de llevar a cabo un sistema de gobierno corporativo, que garantice un mayor control interno, así como una administración de los riesgos y cumplimiento normativo.

Y es por ello que apreciamos una necesidad de exigir, por la parte de las compañías de seguro, un adecuado sistema de cumplimiento normativo en sus clientes del servicio. Puesto que si no lo tienen, corren un peligro de pérdidas económicas mayor, si no existe una serie de protocolos y políticas que traten de eximir o atenuar la pena en base al “compliance” que pide el código penal.

La actividad preventiva (y de control) debe de complementarse en todos y cada uno de los estamentos de la compañía, con la necesidad de acreditar de manera periódica la presencia y la efectividad de tal control, a fin de asegurar el cumplimiento normativo. Otrora la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se encontraba regulada, salvo ciertas ocasiones, pero una vez se dictó y aprobó el código penal de 1995 se comienza a atisbar una suave compromiso accesoria, que empezará a repercutir en alguna sanción puntual o delimitación en sus ocupaciones.

La trasposición en nuestro país de la Directiva Whistleblowing está provocando la implementación de diferentes canales de demanda en la mayor parte de organizaciones.

Recuerda que “en aquellas entidades de gran tamaño la función ya se encontraba implantada, en especial en internacionales, pero es cierto que en la mediana o pequeña entidad empresa aseguradora el cumplimiento se llevaba de una manera más segmentada y menos global”. Decide Soluciones tratará sus datos personales para mandarle nuestra newsletter en base al consentimiento concedido al completar el formulario. Puede contactar con nuestro Encargado de Protección de Datos a través de , así como conseguir más información sobre el régimen de sus datos en nuestra Política de Privacidad. La puesta en marcha de un canal de denuncias ayuda a comprender mejor por dentro cualquier organización “es una herramienta precautoria muy útil para el ‘Compliance Officer’, no solamente detecta irregularidades en nuestra entidad sino asimismo puntos de optimización, siempre y cuando se promueva su uso y en su implantación se considere no solo su utilización como canal de comunicación de irregularidades sino asimismo de consulta”.

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Si proseguimos la evolución natural, siguiendo esa línea metafórica, hacia dónde va el derecho, podremos asegurar que será una obligación (como es ya en otros países) la integración de un sistema de compliance corporativo por la gente jurídicas, y en el caso de no tenerlo, sean las propias compañías de seguros las que no emitan sus pólizas de responsabilidad civil general y de D&O, con objeto de hallar asegurada solo las compañías que cumplan con las mucho más aprensiva legalidad. En cambio, la responsabilidad civil de personas físicas (seguros para D&O ) y para personas jurídicas (pólizas de RC ), según nos comunica el Código Civil, en su producto 1902 “el que por acción u omisión genere daños a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a arreglar el daño provocado…, ya era un aspecto clave en el caso de causar un perjuicio sobre otra parte en materia de derecho civil.

Para esta experta en Compliance “los mapas de peligro tienen que actualizarse periódicamente como mínimo anualmente y deben reflejar cualquier cambio organizativo, de negocio y sobre todo los cambios normativos y de la normativa interna. Un mapa de peligro que no esté actualizado y que no refleje la situación de la entidad no tiene ningún valor en el programa de cumplimiento de la entidad”. También señala que es un sector con continuas demandas en materia de cumplimiento por su actividad y su alta regulación “lo que nos obliga a mejorar al máximo posible la implantación de los controles en materia de cumplimiento”.

compliance en entidades aseguradoras

De ahí, que la ciberseguridad y la adaptación a los nuevos ámbitos tecnológicos sean algunos de los ámbitos que mucho más preocupan a las entidades y a los reguladores, no solo por los cambios introducidos por la pandemia en la forma de trabajar en remoto y con la documentación en la nube, sino especialmente por todo lo relacionado con posibles asaltos, pérdidas de información y cuestiones de inseguridad informáticas, propias y con terceros. Bascones ten en cuenta que “esos canales de demanda no deben ser únicamente internos, sino como señalan las normativas de prevención de blanqueo de capitales y de protección de datos en sus ediciones del 2018 lo tenemos que abrir a nuestros agentes y distribuidores externos, a cualquier tercero con el que trate la entidad”. La actividad compañía de seguros tiene características específicas similares con la prestación de servicios surgidos de la presencia de peligros económicos que afectan a los individuos, a las empresas y a la sociedad por norma general. Ya que, exactamente la misma los ciudadanos o las empresas compran seguros para evitar las probables consecuencias desfavorables de la concreción de determinados peligros, las empresas que trabajan en el mercado de seguros, examinando y aguantando los peligros que cubren, tienen que protegerse con eficacia frente a los potenciales peligros derivados de su actividad empresarial.

Para esta experta, “el regulador con esta normativa procuró trasladar al sector, mayor transparencia y confianza, estableciendo principios que comportan integrar el control interno la administración global de riesgos y la gobernanza en las entidades empresas aseguradoras”. Es sabido que la predominación de la corriente de derecho anglosajón cada vez es mayor en nuestro entorno legal y lo que el día de hoy es una necesidad pero no de obligado cumplimiento, “mañana” se transformará en algo obligación y preciso para lograr constituir una persona jurídica, como ya sucede en Reino Unido. Por este motivo los despachos y las empresas aseguradoras deben de trabajar “de la mano”, con el propósito de poder ser la primera defensa de un individuo jurídica que logre ser propósito de ser reclamada una responsabilidad jurídica así sea civil o penal. Además de esto, la Ley de Mediación establece una peculiaridad al prohibir ex- frente, ejercer la actividad a esos agentes de seguros que tengan antecedentes penales por delitos de falsedad, violación de secretos, hallazgo y revelación de secretos, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Popular y cualquiera otros delitos contra la propiedad.